Serán juzgados en la Audiencia Nacional el próximo mes de octubre, los días 4, 5, 6, 17, 18 y 19.
Mikel Marin, Iturrama
Mikel Framarike, Barañain
Gorka Sueskun, Donibane
Iker Aristu, Iturrama
Diego Octavio, Iturrama
Oihan Ataun, Arrosadia
Mikel Beunza, Arrosadia
Irati Mujika, Arrosadia
Iñaki Marin, Arrosadia
Iker Araguas, Iturrama
Ibai Azkona, Iturrama
Los tres últimos se encuentran en prisión preventiva, dispersados a cientos de kilómetros desde hace tres años. Y el resto podría ser encarcelado y dispersado después de este juicio.
Cada uno se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel. Están acusados de pertenencia a organización terrorista por su trabajo en el movimiento juvenil de Iruñerria, que era público y notorio. Contra todos existe la acusación genérica de ser miembros de la organización juvenil Segi, declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2007.
214 detenidos desde 2007, 79 en Iruñerria
Desde que en el año 2007 el Tribunal Supremo dictaminara que las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi eran terroristas, 214 jóvenes han sido detenidos y 132 encarcelados en toda Euskal Herria.
Las redadas policiales, realizadas provincia a provincia en los años 2007, 2008 y la primera mitad de 2009, estuvieron marcadas por las graves denuncias de torturas que realizaban las detenidas. El objetivo de los malos tratos era obligar a los jóvenes a autoinculparse y a dar nombres de otras personas que seguían en libertad. Nacieron así las llamadas listas negras, que han sido la base para las detenciones de 2009 y 2010, esta vez en forma de macro-operativos policiales en toda Euskal Herria.
La comarca más azotada por estas detenciones ha sido la de Iruñerria: desde 2007, 79 jóvenes detenidos, 46 torturados, 51 encarcelados y114 procesados en diferentes sumarios. Son decenas los que están en las listas negras de la policía como “candidatos a ser detenidos”, decenas las que viven con medidas cautelares y teniendo que comparecer cada semana en el juzgado.
En estos años, se han pagado en concepto de fianzas más de 250.000 euros, y algunos jóvenes han debido pagar hasta 60.000 euros para poder quedar en libertad.
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